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Las indemnizaciones nucleares son los pagos que se realizan a la población afectada por los perjuicios que generan las actividades con materiales radiactivos. Según la Ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares, el ”explotador de la central” será visto como el “responsable”.

Los convenios internacionales de París y Bruselas (en los que participa España) han aportado una guía de actuación de los Estados en caso de que fuera necesario indemnizar por catástrofe nuclear[1]. En ellos se determina que el máximo que debe pagar una empresa responsable por estos accidentes es de 1200 millones de euros y que, a partir de ahí, el gobierno colaborará con las indemnizaciones.

Cuando ocurre un accidente nuclear, el orden de compensación según la ley será el siguiente: primero se pagaría a las personas afectadas, posteriormente se trataría de reparar los daños medioambientales y, por último, se aportaría lo correspondiente por pérdida o daño de bienes materiales.

Indemnizaciones Chernóbil

Los datos que hacen referencia a la catástrofe de Chernóbil resultan difusos: la URSS (de la que formaban parte Ucrania, Bielorrusia y Rusia, los tres países más afectados por el accidente) no determinó su coste. Sin embargo, Nikolái Azárov, Primer Ministro de Ucrania entre 2010 y 2014, afirmó que Chernóbil llegó a suponer un 10% del presupuesto anual del país y que en total ha supuesto una suma de 123.000 millones de euros solo para Ucrania.

El Parlamento Europeo sí que pidió el pago de indemnizaciones en mayo de 1986 (año del accidente) y se reunió en 2011 para estudiar la catástrofe. En esa cumbre sobre Chernóbil, se informó de que a las cifras de Ucrania se le habían sumado 160,000 millones de euros de Bielorrusia y 2600 millones de euros en Rusia[2].

Indemnizaciones Fukushima

Un mes después de la catástrofe de Fukushima del 12 de marzo de 2011, el gobierno ordenó indemnizar a las 48,000 familias que vivían en un radio de 30 kilómetros a la redonda con 12,000 euros[3]. TEPCO, la empresa propietaria de la central nuclear donde se produjo el accidente, debía pagar esta cantidad de forma provisional. El gobierno no descartaba que la cifra tuviera que subir, pero premiaba la inmediatez para organizarse fuera del hogar o con una situación en la que la ganadería, la pesca y la agricultura se habían visto gravemente dañadas.

TEPCO no podía hacer frente a estas sumas de dinero, por lo que solicitó ayuda del Estado. El gobierno aprobó un plan para colaborar con el pago en mayo de 2011[4]. Este consistió en crear una institución estatal que se encargara de mantener la solvencia financiera de TEPCO y que contribuyera con las indemnizaciones. La organización se llamaría Fondo De Responsabilidad Civil Por Daños Nucleares y sería de carácter mixto. Así la financiación partiría del Estado y de otras eléctricas que operan en centrales nucleares de la isla y funcionaría como una aseguradora en posibles accidentes futuros. En noviembre de 2011, TEPCO ya había recibido 8,351 millones de euros para indemnizaciones a través de esta vía[5].

Pero las estimaciones de la empresa y el gobierno no fueron suficientes. Informes como el de las Universidades de Ritsumeikan y Osakar ya avisaban en 2014 de que el gasto por el accidente sería al menos el doble del establecido. Este estudio académico estimaba que TEPCO debería pagar más de 35,817 millones si se sumaban indemnizaciones, descontaminación y almacenamiento de residuos[6].

Véase también

Referencias

  1. Noticias Jurídicas (extraído del Boletín Oficial del Estado) - Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
  2. Público basado en Agencia EFE) - Chernóbil ha costado ya más de 280.000 millones de euros.
  3. El Mundo - Japón aprueba una ayuda millonaria para indemnizar a las víctimas de Fukushima.
  4. El País - EL Gobierno japonés ayudará a TEPCO a pagar las indemnizaciones por Fukushima.
  5. El País - Los vecinos de Fukushima serán indemnizados.
  6. RTVE - El coste total de la crisis de Fukushima ascenderá al doble de lo previsto por el Gobierno nipón.
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